Así lo afirmó Gabriela Durruty, abogada querellante que representa a Carolina Leones, viuda de Eduardo Trasante. Se refiere a lo que considera una información importantísima que surgió hace algunos meses en relación a la investigación por el asesinato de Trasante, y que después de reiterados pedidos a la fiscalía sin obtener una respuesta, vuelven a requerir. Puntualmente se trata del secuestro de un teléfono celular que usaba Julio Rodriguez Granthon, alias “Peruano”, que se dió el 7 de julio de 2020 en la cárcel de Piñero. Es decir, exactamente una semana antes de que se perpetrara el homicidio de Trasante.
“En octubre del año pasado, a raíz de información publicada en un medio periodístico de la ciudad, tomamos conocimiento de que a Julio Rodriguez Granthon se le había secuestrado de su pabellón de Piñero un teléfono celular, a partir del cual en una causa que llevó adelante la justicia federal, se pudo reconstruir toda una trama de lavado de dinero producto del narcotráfico en vinculación con financieras del centro de la ciudad. Lo que nos llamó poderosamente la atención de esto es la fecha de secuestro de ese teléfono: 7 de julio de 2020. Es decir: exactamente una semana antes del asesinato de Eduardo Trasante. Si tenemos en cuenta que en el marco de la investigación del homicidio la figura de Granthon aparece como la del arquitecto de un plan criminal cuya finalidad era dar muerte a Trasante, la información que pudiera contener ese teléfono podría ser de vital importancia para la causa”, precisó Durruty. Y agregó que posteriormente pudieron conocer que el secuestro del teléfono celular de Granthon se dió, inclusive, en el marco de una investigación de la propia justicia provincial, por lo cual “es dificil de entender que el expediente que investiga el asesinato de Eduardo no cuente ya con esa información”.
“Ya en octubre del año pasado ingresamos un escrito pidiendo a los fiscales de la causa que requieran al Juzgado Federal la remisión de esa pericia al teléfono de Rodriguez Granthon. Al no obtener respuesta por parte de la acusación pública, volvimos a insistir con el requerimiento en noviembre del año pasado, atentos a la importancia que diligenciar una medida como esta podría significar en la investigación. Tampoco obtuvimos respuestas hasta el día de hoy”, se quejó la abogada. “Grande fue nuestra sorpresa cuando, al acceder al documento en cuestión, donde los fiscales federales solicitan el procesamiento de Granthon entre otros, nos anoticiamos de que el secuestro del celular en fecha 7 de julio de 2020 se produjo en el marco de una investigación de la justicia provincial, es decir: esa información ya obra en el MPA, y es difícil de explicar por qué aún no se ha remitido esta información al legajo que investiga el homicidio de Trasante. Es una medida fundamental, elemental, básica, imposible de no realizarse”.
Por ello este lunes 14 de febrero, al cumplirse 19 meses del asesinato de Trasante, la Querella que representa a su viuda, Carolina Leones, insistirá con este pedido que consideran de sentido común.
“Es evidente que la acusación pública está más inclinada a iniciar un camino hacia el juicio oral que a proseguir con la investigación instructoria, pero es difícil de entender que previo a ello no se produzcan medidas tan básicas como contar con la información de ese teléfono secuestrado a Granthon exactamente siete días antes de que asesinaran a Eduardo; entre otras que hemos solicitado durante todo este tiempo. Nosotros tenemos el mismo o mayor interés que la fiscalía en ir a un juicio oral, pero no logramos explicarnos por qué antes de eso no sustanciar algunas cuestiones tan de sentido común como contar con la información de ese teléfono, secuestrado en una fecha tan expresiva”, finalizó la abogada.
