Para hacer efectivo el derecho humano al agua en la provincia

Sin dudas una de las problemáticas más importantes de la agenda política actual es el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento, tal como lo destaca la resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, a la hora de hacer efectivo este derecho el Estado, en sus diferentes escalas, carece de instrumentos capaces de hacerlo operativo.

El avance más significativo en esta materia se produjo en el 2018 con la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, también conocida como Ley RENABAP, en alusión a la experiencia pionera del Registro Nacional de Barrios Populares impulsado por movimientos sociales y que puso por primera vez en el mapa los 4116 barrios que esperan ser incluidos en la trama urbana a través de distintos procesos de urbanización.

Se estima que 408 barrios populares tienen asiento en la provincia de Santa Fe y 112 en la ciudad de Rosario, de los cuales el 97% de los habitantes aún no cuenta con el acceso formal al agua potable. Aguas Santafesinas S.A. es la encargada de llevar el servicio de agua a aquellas zonas determinadas como “áreas servidas”, pero debido a una ley previa a la privatización de la empresa, en 1995, las villas no son tenidas en cuenta en esa calificación. Por ello, la empresa no tiene la obligación de llevar las instalaciones de agua a estos barrios

En el mes de agosto de 2022, las diputadas Damaris Pacchiotti, de Ciudad Futura y Lucila De Ponti, del bloque PJ, presentaron un proyecto cuya autoría es del titular de la Oficina de Defensa al Consumidor, Antonio Salinas, que busca confeccionar un programa específico para ampliar las incumbencias de ASSA, cuyo fin es el diseño y la ejecución de un plan de acción quinquenal para dotar de agua potable a las vecinas y vecinos de los 408 barrios populares.

“Si bien el advenimiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana y la Ley Renabap significó un avance importante en cuanto al financiamiento para extender el servicio de agua a los barrios populares, en la práctica se detecta que las familias de los barrios populares que acceden al agua formalmente a través de la urbanización no pueden convertirse en usuarios formales porque la ley que regula la provisión del servicio (la 11.220 del año 1994) no permite que las viviendas sin escritura sean consideradas usuarios”, afirmó Salinas.

En consecuencia, el programa “Agua Social Santafesina”, además de proponer un plan para dotar de agua a la totalidad de barrios populares de la provincia, se propone crear la figura de usuario Renabap, para otorgarle el acceso al agua y facilitar una serie de acciones tales como: pedir infraestructura, recibir en su domicilio la factura con un número de cliente mediante una tarifa plana o subsidiada. Es decir, garantizar un esquema de derechos y obligaciones.

“El programa nace a partir de esta instancia de consulta que iniciamos en agosto de este año entre los diferentes actores involucrados en la acción de llevar un servicio a los barrios populares: los vecinos, las organizaciones sociales, los trabajadores nucleados en el gremio de obras sanitarias, la propia empresa estatal, la Legislatura y el Ejecutivo provinciales”, explica la diputada provincial Dámaris Pacchiotti. “De la exposición conjunta de las necesidades y escollos para la incorporación de los barrios populares al servicio público de agua corriente nacieron un sinfín de informes de situación en la provincia, y las bases para este programa”.

Un caso exitoso al respecto es el barrio Nuevo Alberdi (en la zona noroeste de Rosario), donde se lleva adelante el proceso de urbanización más grande del país, fruto de una articulación inédita entre el Estado y la organización territorial. En lo que se refiere al agua, comenzó a materializarse una obra que va a llevar el servicio a 1600 familias en un primer tramo. “Cada domicilio va a contar con una caja de servicio como en cualquier otro lugar de la ciudad. Y la idea es que Nuevo Alberdi se transforme en el primer barrio con la extensión del área servida de la empresa y que cada caja se anexe al Certificado de Vivienda Familiar para que sea título suficiente”, destacó el titular de Defensa del Consumidor.

Este trabajo dio cuenta además de lo poco costosas que son estas inversiones. Al respecto, Salinas aseguró que: “Desde la Oficina de Defensa del Consumidor vimos que con el 2,3% de la deuda de nación con la provincia se podría saldar la deuda histórica y dotar de agua potable a las 40 mil familias que viven en los barrios populares”.