Los cortes de agua y luz que sufrimos en toda la ciudad durante la ola de calor, es algo de todos los días en los barrios populares de Rosario. Por eso, desde que asumimos el desafío de estar al frente de la Oficina de Defensa al Consumidor, a fines de diciembre, nos fijamos una prioridad: trabajar para que se formalicen los servicios públicos de las 40 mil familias que viven en barrios populares (en base a datos del Renabap, el 98% de ellas no accede al agua potable y el 95% no tiene acceso a la luz de manera formal).
Esto no solamente debería ser una cuestión humanitaria básica (garantizar el derecho de esos vecinos), sino que también tendría que ser una acción estratégica en el marco del problema energético que vivimos.
Porque para mejorar la situación de la red eléctrica integral es necesario, y debería ser prioritario, formalizar a esas familias, que representan casi el 15% de las y los rosarinos.
La Empresa Provincial de la Energía anunció recientemente que el programa EPE social (el encargado de la progresiva formalización de los servicios) estará financiado durante el 2022 con el 0,5% del presupuesto total. Asignarle tan sólo 0,5% a casi el 15% de los rosarinos, nos deja un sabor a poco. Sobre el abordaje que le vamos a dar al tema desde la Oficina de Defensa del Consumidor, podés leer en esta nota que hicimos para el diario El Ciudadano.
