La crisis del Transporte Urbano de Pasajeros en nuestra ciudad no reviste ninguna novedad. Que la pandemia puso en entredicho su propia subsistencia, menos aún. Este difícil cuadro de situación al que le va de suyo un legítimo reclamo ciudadano, inclusive un creciente hartazgo de los/as usuarios, debería oficiar como punto de inflexión para alterar por completo las lógicas de cómo la política tradicional aborda estas situaciones críticas. Hay que entender que lo que está en juego no es la suerte de un gobierno, sino los intereses de la ciudad; y que así como ante la urgencia ocasionada por la pandemia se acudió al Concejo para declarar la emergencia, se debería también haber convocado al Concejo para plantarse frente a una empresa sin miedos ni dobleces.
Las “negociaciones en buenos términos” con empresas que incumplen hasta los propios anuncios del Ejecutivo nunca pueden constituir un gesto de pretendida responsabilidad, sino una foto de la resignación que no nos merecemos como ciudad. Lo que hoy representa “El Cacique”, lo que expresa la añeja discusión sobre la inequidad en la distribución de los recursos, son partes constitutivas de un mismo problema pero, sobre todo, de una lógica de intentar soluciones que ya ha fracasado repetidamente. Concretamente, entender que acá se dirimen los intereses de una ciudad y no la suerte de una gestión en particular, debería comportar una convocatoria a todos los espacios políticos para abordar en conjunto y desde una posición de mayor fortaleza estas negociaciones, darle la envergadura política que amerita, y abrir un espacio plural en el cual idear soluciones a la crisis que atravesamos.
Hemos llegado al punto que la potencial “municipalización” de algunas líneas del TUP ya ni siquiera representa un ejercicio de ideología, sino el correlato inexorable de asumir los costos por no dar ninguna pelea. Se trata, precisamente, de cambiar esa lógica; de asumir que las peleas hay que darlas y hay que hacerlo de otra manera, y para eso nos encontrarán a disposición.
Esta situación crítica requiere abordar dos frentes de acción que deben ir acompasados: nadie duda que la inequidad en la distribución de los subsidios a nivel nacional es insostenible, y que esa debe ser una pelea que convoque transversalmente a los espacios con representación política en la provincia pero, también y fundamentalmente, a la ciudadanía. Asimismo, todos sabemos que eso en el largo plazo tampoco es sostenible si la pésima calidad del servicio hace que se sigan bajando pasajeros/as año tras año. Por eso, hay que dar esa pelea (en serio), pero sobre todo hay que hacer cosas ya, mañana, que mejoren el sistema y que hagan que tomar un colectivo no sea una pesadilla: no se trata de poner en órbita el ARSAT 3, simplemente hay que hacer que cargar la tarjeta MOVI no sea una osadía, sea accesible en todos los barrios, algo tan elemental como eso. Hacer que la aplicación digital “Cuándo llega” funcione, cosa que no requiere de una obra de ingeniería informática y, por último, con posibilidades de financiación abiertas, comenzar con la implementación de un sistema de Mini-Terminales en algunos barrios de nuestra ciudad, política que redundaría además en crear entornos seguros y de encuentro.
Lo que hay que hacer (mañana)
Hemos pedido insistentemente que el Ejecutivo vuelva a convocar a la Comisión de Seguimiento de la Emergencia del TUP. Ese espacio que reúne a concejales/as, responsables del Área de Movilidad, empresas y el sindicato hubiera sido importante para, por ejemplo, abordar de otra manera la situación con El Cacique; además de que tiene que funcionar como un espacio donde cursar y tratar los reclamos de los vecinos/as de la ciudad (frecuencias, líneas, etc). Tiene que volver a funcionar mañana.
Carga de la MOVI: hace años que la discusión sobre el desembarco de la tarjeta SUBE a Rosario convive con la caída en la calidad del servicio. Si esa resolución se firmara mañana, la transición hasta su aplicación total demandaría no menos de un año. Entonces, otra cosa de elemental sentido común que hay que hacer mañana, es garantizar el acceso a la carga de MOVI. En diciembre del año pasado presentamos y aprobamos un proyecto para que las estaciones de servicio incorporen el servicio de carga de la tarjeta MOVI, ya que al contar con comercios de venta al público y al encontrarse distribuidas en toda la ciudad contribuirían en gran forma a garantizar la carga de la misma y el acceso al TUP, dando una respuesta al constante reclamo de los vecinos y las vecinas.
“Cuándo llega”: al padecimiento de las malas frecuencias y esperas interminables, se le suma increíblemente el mal funcionamiento de la aplicación “Cuándo llega”. Esto ya ni siquiera se trata de mejorar la calidad del servicio, sino simplemente de no hacerle la vida imposible al ciudadano. Y verdaderamente no hay muchas excusas para que esto no esté funcionando como corresponde mañana mismo.
Sistema de Mini Terminales: el mal funcionamiento del TUP tiene otra capa problemática que se le superpone, que es la inseguridad. A partir de posibilidades de financiamiento por parte del gobierno nacional a través de políticas de integración urbana, proponemos comenzar a diseñar un sistema de Mini Terminales en distintos barrios de la ciudad. Las Mini Terminales son espacios en los cuales se producen aglomeraciones de pasajeros durante las 24 horas, lo que genera sitios seguros en los que también se brindan distintos tipos de servicios, como sanitarios, negocios gastronómicos, kioscos, venta y recarga de tarjetas MOVI, etc. Además, una Mini Terminal revitaliza el espacio público en el cual se encuentra, ya que es una intervención urbana de referencia para toda la zona, iluminada y abierta al barrio.
Las peleas que hay que dar (en serio)
En relación con las tarifas, nadie duda acerca de la necesidad de subsidiarlas. Más allá de las diferencias de esquemas, todos los países y ciudades sostienen con subsidios y compensaciones parte del costo del sistema. En nuestro país, sin embargo, el aporte del Estado cayó significativamente en los últimos años. En Rosario la disminución del aporte del Estado recayó principalmente en lxs usuarios. En 2016 el aporte de lxs usuarixs sobre el costo del boleto era de 42%, parejo con el nivel de cobertura de los subsidios y compensaciones que era de 43%. Tres años después el mayor peso cayó sobre lxs pasajerxs, quienes pasaron a afrontar el 54% del costo del boleto. Los subsidios y compensaciones cayeron a un 34%. Esta caída del aporte estatal se debió exclusivamente al retiro de subsidios y compensaciones de Nación durante el anterior gobierno. Mientras que en 2016, 7 de cada 10 pesos aportados eran de Nación, en 2019 tan sólo 2,5 pesos. Además, en este periodo se consolidaron los enormes niveles de desigualdad con el Área Metropolitana de Buenos Aires. El AMBA se queda con 8,3 de cada 10 pesos de subsidios y compensaciones de Nación. La comparación con Santa Fe lo hace más evidente: quienes viven en Ciudad de Buenos Aires y alrededores perciben en promedio 6 veces más de subsidios que lxs ciudadanxs santafesinos.
A esta altura parece evidente que las “formas” en que se encauzó esta pelea no han fructificado en resultados. Como suele suceder, es una pelea de “políticos” con “políticos”. Se hacen declaraciones altisonantes en medios de comunicación, se cursa “atenta nota” al Ministro de turno, y a la larga pareciera que la persistencia de la distribución inequitativa puede servir como excusa para gobiernos locales. Por eso, hay que cambiar la manera de dar estas peleas. Si en verdad creemos que no se trata de preservar los intereses de un gobierno, sino los de toda una ciudad, básicamente hay que convocar a la ciudadanía. Convocar a una ciudadanía que YA está movilizada, que entiende profundamente esta pelea como nadie. Están muy bien los cónclaves de gobernadores del interior, las ligas de intendentes, pero sigue faltando la gente. Articular un proceso de instancias de movilización y visibilización que convoquen a la ciudadanía, organizada o no, a sus instituciones (civiles, religiosas, empresariales, etcétera) para encarar verdaderamente esta pelea como ciudad, y por los intereses de nuestra ciudad. Y ahí nadie puede faltar o hacerse el distraído…
A este respecto, no es ocioso recordar que ante el sacudón que provocó la pandemia, desde nuestro Bloque impulsamos una iniciativa con profundo carácter de justicia tributaria, que proponía establecer una contribución extraordinaria para financiar el TUP por parte de los sectores de la economía local que, aún con las restricciones, incrementaron notablemente sus niveles de facturación. Ese proyecto sigue estando a disposición, y es quizás la expresión de la audacia que se requiere para abordar estructuralmente situaciones críticas como la que atraviesa el TUP.
Hay que dar esta pelea sin perder de vista que el costo del transporte se incrementa fuertemente con el descenso de pasajeros. Un colectivo con menos pasajeros/as se traduce en el encarecimiento del boleto para quienes continúan utilizando el transporte público. Desde hace años observamos la caída de usuarias y usuarios del sistema de Transporte Urbano de Pasajeros. En 2016 se movilizaron en el sistema 135 millones de personas, y para 2019, antes de la pandemia, una de cada seis personas se bajó del colectivo, 18 millones menos. Esta caída significó un aumento del 20% adicional en los costos por pasajero. Podemos y debemos discutir los subsidios del transporte, pero no alcanza si año a año se bajan personas del transporte público.
