Comparto un fragmento del texto que escribimos con Alejandro Gelfuso para Café de las ciudades. Lo podés leer completo, acá.
“No hay mal que dure 100 años” dice el refrán, aunque hay uno que data de las primeras aventuras coloniales, se hizo carne durante el siglo XX y se profundiza hasta entrada la segunda década del XXI: la exclusión urbana. Hace más de un siglo que todas las discusiones, acciones, omisiones, acuerdos y desacuerdos a nivel global giran en torno a cómo integrar a los excluidos de las ciudades en Latinoamérica. Desde la teoría de la modernización, pasando por la dependencia y la marginalidad, hasta el modelo de ciudad competitiva-neoliberal del Banco Mundial; desde convenciones internacionales como Hábitat I, II y III a los ODS y la Nueva Agenda Urbana, son numerosas las iniciativas teóricas y políticas que se han puesto en marcha para responder a LA pregunta del millón (o los miles de millones invertidos en vano). Si en algo se emparentan las ciudades y la democracia es que ambas son una promesa incumplida o, mejor dicho, un proyecto incompleto.
Desde mucho antes de la pandemia asistimos a una crisis de poder en la cual tenemos que abordar y resolver problemas muy complejos del siglo XXI con herramientas del siglo XX, en un contexto de neoliberalismo sin horizonte, una sociedad desconfiada de cualquier institución política y un Estado que, en cada una de sus escalas, perdió capacidades de planificación, conducción de procesos, creación de instrumentos y autoridad sobre el territorio. Como dice Juan Grabois: “el sistema no es sólo la reafirmación del poder del capital y las corporaciones, sino el desempoderamiento de la sociedad y el Estado. La impotencia, el no poder, la falta de soberanía operativa que convierte en letra muerta el mejor tratado internacional”. La exclusión urbana de los 4-116 barrios populares de Argentina, su historia y su presente, es la manifestación territorial de esta crisis de poder.
Afortunadamente, el pesimismo de la razón se complementa con el optimismo de la voluntad política de muchos actores, principalmente los movimientos sociales que además de reclamar, vigilar e interpelar al poder de arriba, también trabajan incansablemente para avanzar hacia una articulación entre democracia, derechos humanos y políticas sociales a través de instrumentos concretos que, en medio de una crisis de poder, nos permitan poder, valga la redundancia.
El ejemplo paradigmático de este trabajo es la urbanización de los barrios populares a través del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana. Los movimientos sociales entendieron mejor que nadie que son los Estados (y no los gobiernos) los responsables de garantizar la transformación de los derechos en realidades. Para eso había que dotarlos de medidas legislativas y capacidad de planificación estratégica para diseñar e implementar políticas públicas desde el enfoque de los derechos humanos, que se constituyan en obligaciones y responsabilidades permanentes de los gobernantes de turno independientemente de su color político. Las cifras de la exclusión no dan lugar a dudas: este sistema no puede sostenerse, y garantizar la convivencia común sin incorporar la integración urbana como realidad efectiva y permanente del ejercicio de gobierno.
Para quienes nacimos en democracia, crecimos con la crisis social y económica del 2001 y nos formamos como militantes luchando por el acceso a la tierra, la ley de Integración Socio-Urbana es la primera política de largo alcance para los barrios populares que conocimos. Medio siglo acordando metas, firmando compromisos internacionales, descentralizando, promoviendo la gobernanza, pero el primer y único registro en la historia de nuestro país que puso en el mapa nada más y nada menos que el lugar de vida de casi 5 millones de personas fue RENABAP en 2017. Esta ley representa un marco jurídico e institucional y una estrategia nacional para garantizar una política de Estado que, aun con dificultades, cuenta con un compromiso institucional a mediano plazo, donde se garantiza la existencia de recursos financieros y humanos.
Pero sobre todas las cosas, es una herramienta clave para resolver situaciones conflictivas muy complejas a nivel territorial, como sucedió con el conflicto del barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario, cuyo destino era convertirse en un barrio cerrado de enormes proporciones –producto de la connivencia entre desarrolladores privados y la orientación de las políticas urbanas municipales de aquel momento– pero que hoy, luego de 15 años, terminó siendo una de las dos intervenciones más grandes de las 358 que actualmente lleva adelante la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) a nivel nacional.
En la historia de Nuevo Alberdi, RENABAP se asemeja a esas películas de Hollywood donde los protagonistas resisten heroicamente frente a enemigos poderosos (aunque sin saber cuánto más podrán aguantar) hasta que de repente cambia la música y aparecen los aliados en helicóptero dando vuelta la situación. “Pasamos de pelear con una gomera a tener apoyo aéreo” dice nuestro compañero Juan Monteverde, haciendo referencia, entre otras cosas, a la posibilidad concreta de evitar desalojos.
