En tiempos de grandes debates y problemas, hay que levantar la mirada y hacer propuestas de avanzada para no discutir siempre lo mismo. Mientras el Congreso de la Nación debate las tarifas, un aporte a la discusión en Santa Fe.
La discusión de la reforma de la Constitución de Santa Fe, más allá del año en que se haga, tiene que dejar de ser una discusión entre políticos por temas “políticos”. Esto es, un debate reducido a la faz meramente representativa de la política, casi procedimental. Tiene que dejar también de limitarse a enunciar “derechos abstractos” de improbable cumplimento y pasar a discutir propuestas concretas para problemas estructurales y soluciones que hagan una sociedad mejor.
Hay quienes dicen que la gente sólo participa de un debate, de una lucha o de unas elecciones cuando siente que hay cosas importantes en juego. Intentemos entonces generar cosas importantes.
Hoy, en nuestro país, tenemos un problema “coyuntural” de tarifas y un problema estructural de producción de energía, en el marco de una crisis energética/ambiental a nivel global. A eso se le suma la eterna disputa política por el sentido común para dirimir si el agua, la luz y el gas son derechos básicos que el Estado tiene que garantizar de alguna manera o, por el contrario, un producto más que se consigue por los mecanismos tradicionales del mercado: cuanto más tenés, más podés consumir, y si no tenés no consumís.
A todo esto hay que sumarle un componente clave: la matriz energética del mundo es finita. Es decir, son recursos que se acaban. La “economía fósil”, como la llaman algunos referentes mundiales, tiene en su matriz hegemónica un límite concreto y una contradicción permanente: producir cada vez más cosas que no necesitamos para mover un mercado infinito cuya base energética, basada en el petróleo y sus derivados, es escasa.
En este marco, pensar una Constitución para nuestra provincia nos permite levantar la cabeza de la agenda cotidiana (muchas veces bastante mediocre) para abordar temas con miras un poco más estratégicas.
Para salir del estéril debate entre una supuesta “racionalidad empresarial” (que se presenta como el equivalente de “decir la verdad”) versus un “populismo derrochador de subsidios”, proponemos cambiar la óptica y avanzar en derechos de nueva generación, poniendo en agenda a la lucha contra la #PobrezaEnergética y a la #TransiciónEnergética, como una necesidad ineludible y un horizonte estratégico deseable.
Cuando entendamos que cobrar el agua es como cobrar el aire y que, en el siglo XXI, la electricidad ya no es un lujo o un privilegio sino un elemento básico para la reproducción de la vida; o que poder calefaccionarse en el invierno y trabajar fresco en verano (con temperaturas cada vez más altas) tiene que ver con los niveles de confort propios de la evolución del ser humano, quizá veamos con otros ojos el “problemas de las tarifas”. Por eso la propuesta de la Asignación Universal Energética.
Si el agua, el gas y la electricidad son elementos básicos para la vida humana, el Estado tiene que poder garantizar a cada ciudadano, aunque sea en su cuota mínima, el acceso a lo necesario para poder vivir. Debe para eso poder cuantificar primero, es decir, poder establecer cuánta agua, cuánto gas y cuánta electricidad necesita cada ciudadano de acuerdo a su estilo de vida (en el campo, en la ciudad, en familia, solo, etc) y eso debe ser libre y gratuito, como el aire. Y como además hablamos de bienes escasos, una vez garantizados los estándares mínimos para todos, se debe también poder penar o restringir su derroche. De esta manera no sólo garantizamos derechos y condiciones materiales de exigencia dignas sino que damos sustentabilidad al sistema. Nos alejamos así de la idea de que el que tiene para pagar tiene derecho INCLUSO a derrochar algo que es de todos y además se acaba.
Hay un consenso absoluto en torno a que el Estado tiene que hacer calles, escuelas u hospitales, o a que algunas cosas tienen que ser estatales, como la aerolínea de bandera, y por eso el Estado debe destinar recursos. Hoy, en el siglo XXI, hay una cuota mínima de energía que también debe ser “gratis” y para todos. No puede jamás un derecho tan básico estar en manos de empresas privadas que lo conviertan en un producto más del mercado. En nuestra provincia deberíamos aprovechar que dos de los tres recursos básicos son gestionados por empresas públicas: el agua y la energía eléctrica (Aguas Santafesinas y Empresa Provincial de la Energía). Llegó la hora de que muestren realmente su carácter público, que hasta ahora no lo vienen demostrando mucho, por no decir prácticamente nada.
Así, la Asignación Universal Energética es una cuota mensual que el Estado garantiza para todos sus habitantes, salvo para el decil más rico de la sociedad. Y esto es así por su carácter de justicia. Igualdad no es darle a todos lo mismo sino a cada quien según sus necesidades y exigir a cada cual según sus capacidades. Climatizar una pileta todo el invierno en un barrio privado no es ningún derecho, es más bien un derroche inmoral en sociedades con los niveles de desigualdad que tenemos y en un mundo con recursos escasos. En el siglo XXI, hacer una sociedad más justa no es solo hacerla más igualitaria, sino también más sustentable. Porque cuando en un futuro no muy lejano el planeta muestre más cruelmente sus signos de agotamiento ambiental, los más ricos seguramente tendrán forma de “zafar de la naturaleza”. Al cambio climático, como a todos los problemas de este mundo en este sistema, los que más lo padecen son siempre los pobres. Los que se inundan porque viven en las zonas bajas son los pobres, los que pierden la mitad de la casa con un viento fuerte son los pobres, los que sienten cómo en invierno el frío les penetra en los huesos son los pobres.
Por eso también la Asignación Universal Energética es una forma de obligar al Estado a que llegue con energía a lugares a los que hoy no llega. El “tarifazo” no es un problema de los más pobres porque no tienen ni “domicilio legal” para que les llegue una factura y es probable que en su vida hayan visto una. La luz, en la mayoría de los barrios populares de nuestro país, se consigue a riesgo de perder la vida en un enganche en medio de una tormenta o de que se prenda fuego la casa por un cortocircuito de una vieja estufa de cuarzo. El agua se saca de mangueras que van por una zanja infecta y para la que muchas veces hay que caminar varias cuadras. El gas… el gas un lujo que, envasado, se usa lo menos posible. Porque en éste país se le regala el gas natural a un departamento de Puerto Madero mientras se cobra a precio de oro una garrafa que dura nada si tenés una familia que alimentar. Con la Asignación Universal Energética el Estado debe llegar con su cuota a cada ciudadano con ese derecho. Se le hará llegar en red, se le hará llegar envasado. Pero agua, luz y gas tienen que dejar de ser un lujo o un riesgo para el pueblo pobre de nuestro país.
Claro que ésta cuota básica que se debe brindar de forma gratuita no es “gratis” para el Estado (como no lo es ningún derecho que hoy se garantiza). Lo que decimos es que debemos cambiar el concepto, incluso la forma en que siempre concebimos estos “servicios”. Son muchos años acostumbrados a verlos como un elemento de consumo más. Son muchos años de una relación empresa-cliente. “Consumo, pido la cuenta, me traen la factura, me quejo… pago”.
En este nuevo concepto el Estado deberá ver cómo reorienta fondos que hoy van a otro lado o cómo genera fondos nuevos para dar respuesta a nuevas necesidades. Porque, en definitiva, de eso se trata gobernar. “Gobernar no es más que prever” decía un viejo pensador latinoamericano. Una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen debería ser el principio de cualquier discusión seria.
Lo interesante es que existen en nuestra historia reciente casos que nos pueden ayudar a pensar cómo cosas que parecían impensadas un día pueden suceder. Cómo derechos que parecían inaccesibles se pudieron garantizar y hoy ya no se discuten y el Estado no explotó, ni se desfinanció. Y no hay que irse a la Escuela Pública de Sarmiento para demostrarlo. La Asignación Universal por Hijo es el mejor ejemplo.
Santa Fe tiene los recursos en el Estado y en su sociedad para ser pionera de verdad y ponerse a la vanguardia mundial en términos de derechos y sustentabilidad.
Entonces, si avanzamos con propuestas como éstas, discutir una Reforma Constitucional cobra un poco más de sentido. Ahora sí podemos convocar a la gente, porque hay cosas importantes en juego.
