Los gravísimos hechos de represión que se vivieron durante los últimos días en Jujuy son la imágen viva e inaceptable de otro hecho igual de grave: el cínico simulacro de reforma constitucional que terminó con una aprobación adelantada en sus plazos y al amparo de la nocturnidad en la madrugada.
La escenificación de reforma, que debería oficiar como catalizador de la participación más amplia y plural en cualquier democracia que se precie de tal, apenas insumió dos sesiones ordinarias, plagadas de renuncias de convencionales que impugnaron tanto los contenidos como los procedimientos que se estaban llevando a cabo.
La represión abierta y descomunal del gobierno de Gerardo Morales no es más que el preanuncio de lo que se pretende “legalizar” en Jujuy: es que las dos principales impugnaciones a la reforma son precisamente sobre los artículos que limitan y criminalizan la protesta social, y los que abordan los permisos y licencias para la extracción de minerales como el litio, discusión de profundidad estratégica en lo que hace a las posibilidades de desarrollo independiente de nuestro país y al cuidado del ambiente.
En definitiva, en la convergencia de esas dos variables se juega buena parte de nuestro futuro: es evidente que quienes pretenden regalar nuestros bienes comunes a mega corporaciones extractivistas necesitan asimismo de herramientas que limiten y cercenen la movilización y protesta del pueblo.