Una vez más, como tantas otras en la historia de la provincia, nos encontramos discutiendo la reforma constitucional, entre el desafío que impone su inaceptable retraso y el consenso generalizado sobre la necesidad de «modernizar» nuestra Carta Magna.
Desde 2018 venimos afirmando la necesidad de que la reforma de la Constitución de Santa Fe trascienda la discusión entre políticos por temas “políticos”, esto es, evitar reducir un proceso histórico a la faz meramente representativa o procedimental de la política y limitarse a enunciar derechos abstractos de improbable cumplimento, para pasar a discutir propuestas concretas en torno a problemas estructurales y soluciones que hagan una sociedad mejor.
El contexto de la reforma
A lo largo de la historia, cada reforma tuvo como origen un contexto particular a nivel local o regional que, de una u otra manera, influyó tanto en el proceso como en su resultado final. Hay quienes dicen que peor que no hacer nada es hacer algo en base a un diagnóstico falso. A la luz de una nueva reforma, es importante pensar con tranquilidad y no dejarse llevar por razonamientos simplistas o binarios propios de la especulación política actual.
La premisa de la que partimos para discutir la reforma constitucional es que estamos ante un momento único en la historia a nivel global. La pandemia del COVID, más que un gran evento catastrófico, expresó el colapso de una serie de problemas que nuestras sociedades vienen arrastrando hace tiempo y que estallaron de diferentes formas augurando un futuro incierto.
Lo primero que colapsó es el paradigma del crecimiento y desarrollo y su lógica de exprimir, modificar y explotar la naturaleza de manera indefinida para maximizar la ganancia. También colapsó el Estado, la política y las instituciones en su conjunto. La pandemia puso a prueba, tensionando al extremo, a unas democracias ya desgastadas. Los tiempos del Estado y las instituciones políticas son demasiado inmediatos frente a las preocupaciones de largo plazo y demasiado lentos para la gestión de lo urgente.
Como no puede ser de otra manera, ante la falta de respuesta del poder político, en paralelo, la sociedad ha erigido un conjunto de prácticas, de contrapoderes, movimientos sociales e instituciones de gestión social que, gracias a la movilización y el trabajo cotidiano, solidario y militante, compensan la erosión de la confianza por la vía de la instalación de nuevas agendas y derechos necesarios de ser reconocidos en la nueva Constitución.
El tercer colapso es, sin duda alguna, la fractura social, la desigualdad y la violencia, principalmente del narcotráfico que en Santa Fe ha permeado el Estado, el mercado y la sociedad. Los porcentajes de la pobreza suben, se reducen un poco en algunos periodos, pero la gente vive hace décadas en las mismas condiciones de exclusión: sin luz, calles, agua, gas, cloacas, espacios públicos. La política se desterritorializa, los procesos de inclusión social quedan a medias y se revierten ante cada cambio de ciclo político. Las ciudades y pueblos de la provincia, por falta de recursos e iniciativa, quedaron como meras espectadoras de políticas pendulares provinciales y nacionales, sin instrumentos que operativicen derechos básicos.
En este contexto es que se intenta reformar la constitución. No en otro. Pretender “volver a la normalidad” sería un simulacro. Por lo tanto, es fundamental organizar y validar la democracia a la nueva realidad que nos toca vivir globalmente y que debemos cambiar localmente. Surge la impostergable necesidad de crear nuevos horizontes, incorporando derechos pero también rediseñando la organización del poder constituido a través de un nuevo poder constituyente. No sabemos qué va a pasar, lo que no puede pasar es que todo siga igual.
Generar cosas importantes. Nuevos instrumentos para garantizar nuevos derechos
En condiciones normales estaríamos ante el acto más decisivo, encendido y polémico de la vida de un pueblo. Eso es la Constitución. Sin embargo, al pueblo, cuyos destinos aparentemente están en juego, no parece jugársele realmente nada. Básicamente porque la gente sólo participa de un debate, de una lucha o de unas elecciones cuando siente que hay cosas importantes en juego. Intentemos entonces generar cosas importantes.
En primer lugar, poner sobre la mesa instrumentos concretos para la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad. Asignación universal energética, donde la electricidad y el gas sean concebidos no como un lujo o privilegio sino como un elemento básico para la reproducción de la vida, en pos de enfrentar la pobreza energética. También la asignación universal alimentaria como instrumento estratégico y soberano para garantizar poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas en situaciones de vulnerabilidad. El acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, reconocidos como bien público fundamental para la vida y la salud.
Pongamos en discusión el ordenamiento territorial adecuado al interés general y no al mercado, la función ecológica y social de la propiedad en el marco de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Brindar un marco legal a las producciones sustentables, no extractivistas ni contaminantes que aporten a la movilidad sustentable, el ahorro energético y la economía circular. Lo que presupone la desmercantilización y uso para el bien común del conocimiento, la comunicación y las tecnologías de información.
La integración socio urbana como acuerdo que trascienda las gestiones de gobierno, como política de Estado destinada a urbanizar los 341 barrios populares que hoy tiene la provincia. La eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. El repoblamiento rural y transporte multimodal para la integración social de las ciudades y pueblos de la provincia, con acceso igualitario a los derechos de la vida urbana, en particular fomentando el acceso a la tierra y la vivienda.
Es la oportunidad de rediscutir el rol de los consumidores y usuarios, a esta altura un sujeto ciudadano del siglo XXI que debe seguir precisando derechos y deberes, como también el reconocimiento de los derechos de trabajadores autogestivos, de la economía popular y asociativa. Avanzar en encadenamientos de producción, comercialización y financiamiento de formas asociativas de la economía popular y economía solidaria y social con nuevas pautas de consumo responsable y comercio justo. Fortalecer, crear, profesionalizar las empresas sociales cooperativas. La otra cara de la tan mentada “Santa Fe productiva”.
En el mismo sentido, comprometernos seria y localmente en la transición socio ambiental, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, los humedales, los ríos y los arroyos, que incluye el urgente acceso a la información pública sobre el territorio. Con la misma inmediatez tenemos que robustecer institucionalmente los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y disidencias en los ámbitos público y privado. Profundizar la feminización de la política y las formas de gestión social en la educación, el arte, la cultura, el deporte, la salud y el cuidado de las personas, construyendo aprendizajes de empoderamiento ciudadano y nuevos valores individuales y colectivos.
En este nuevo concepto el Estado deberá reorientar fondos que hoy van a otro lado y generar fondos nuevos para dar respuesta a nuevas necesidades. Porque, en definitiva, de eso se trata gobernar. “Gobernar no es más que prever”, decía un viejo pensador latinoamericano. Una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen debería ser el principio de cualquier discusión seria.
Construir un poder distinto
En definitiva, se trata de volver a preguntarnos cuál es el contrato social entre nosotros y cómo imaginamos nuestro territorio. Y no alcanza con incluir nuevos derechos si al mismo tiempo no se discute otra organización del poder, que no es otra cosa que la manera de instrumentar y hacer efectivos esos derechos.
Hace años convivimos con una confluencia perversa entre declaraciones de derechos internacionales modernas, de avanzada, de perfil social acentuado y democráticas en sus ambiciones, mientras la organización del poder de cada Estado se preserva con los rasgos propios de otros tiempos. El gran riesgo que corremos es que la nueva constitución abrace una “innovadora” modificación en su declaración de derechos para mantener intocable su vieja, elitista y conservadora organización del poder. La nueva Constitución puede y debe virar hacia un Estado con un rol social, que es mucho más que una declaración de principios. Toca debatir también el sistema de gobierno.
Llama la atención que, a excepción de Ciudad Futura, ningún proyecto presentado ponga en entredicho la bicameralidad. Lo peor que podemos hacer por la democracia, la política y nuestras instituciones es elogiarlas acríticamente. Para reforzar la confianza deberíamos comenzar por preguntarnos por el rol actual que cumple la Camara de Senadores y, a partir de allí, pensar nuevos criterios de conformación de la Legislatura, el número y distribución proporcional de las bancas, la introducción de pautas de distribución territorial y demográfica, entre muchas otras. No dejar pasar la única oportunidad de hacerlo que vamos a tener en mucho tiempo.
Por otra parte, institucionalmente hablando convivimos con una contradicción evidente: la creciente centralidad del Gobernador de turno bajo una supuesta necesidad de “Ejecutivos fuertes” pero cuya mayoría aritmética no alcanza para representar siquiera un 30% de la población. Las elecciones se han vuelto cada vez menos efectivas para legitimar los poderes. La noción de mayoría, en las sociedades del siglo XXI, no posee el mismo valor simbólico y práctico de antaño.
El resultado negativo es doble: un poder legislativo desdibujado y convertido en una tarea secundaria o una posta más en la carrera política de aspirantes a gobernador. Y un poder ejecutivo siempre en posición de debilidad, cuya salud ademas depende de los destinos no de un programa o un partido político sino de una persona. El siglo XXI demanda bastante más que esto o el cumplimiento de las reglas de mayorías y minorías. Está la necesidad, la oportunidad y las capacidades para una participación más real y una manera más colectiva de gobernar. En consecuencia, la forma de encarar el proceso y la elección de los constituyentes es la clave. Cualquier comisión pequeña o cerrada de técnicos y expertos, de especialistas y políticos profesionales, tiende a fracasar en su propósito de reconocer la diversidad y legitimidad de los reclamos existentes, por más bien intencionados que sean sus miembros.
Santa Fe tiene los recursos en el Estado y en su sociedad para ser pionera de verdad y ponerse a la vanguardia en términos de derechos y sustentabilidad. Aprovechar la oportunidad única que da una reforma constitucional para que sus ciudadanos recuperen la confianza en su institucionalidad, con instituciones respondiendo a lo que los ciudadanos reclamaban desde hace mucho tiempo. Con propuestas como éstas, discutir cobra un poco más de sentido. Y podremos convocar a la gente, porque hay cosas importantes en juego.
Podés leer el proyecto de Reforma Constitucional acá.
